Cómo España ejecuta resoluciones penales de otros países de la UE

Resumen automático, sin revisar

1. La ley establece que las autoridades judiciales españolas reconocerán y ejecutarán las órdenes y resoluciones penales que otros Estados miembros de la UE les transmitan correctamente, salvo que concurra un motivo tasado de denegación. A su vez, podrán enviar a otros Estados las resoluciones españolas para que se ejecuten allí.
2. Regula nueve instrumentos de reconocimiento mutuoReconocimiento mutuo Principio por el que una resolución judicial de un país de la UE se acepta y ejecuta en los demás países casi automáticamente, sin revisar el fondo del asunto.: la orden europea de detención y entrega, las penas privativas de libertad, la libertad vigilada, las medidas alternativas a la prisión provisionalPrisión provisional Encarcelamiento temporal de una persona mientras se resuelve su proceso penal, antes de la condena., la orden europea de protección, el embargo preventivo y aseguramiento de pruebas, el decomiso, las sanciones pecuniarias y el exhorto europeo de obtención de pruebas.
3. Para una lista de delitos graves (terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, delitos informáticos, entre otros), los jueces españoles no comprobarán si el hecho también es delito en España, siempre que la pena máxima en el Estado emisor sea de al menos tres años de prisión.
4. El reconocimiento o la ejecución solo pueden denegarse por motivos tasados, como que ya exista una resolución firme por los mismos hechos (non bis in idemNon bis in idem Regla que impide juzgar o castigar a una persona dos veces por los mismos hechos.), que la sentencia haya prescrito en España, que el certificado esté incompleto o que exista una inmunidad.
5. La orden europea de detención y entrega se tramita con urgencia: si el reclamado consiente la entrega, la decisión judicial debe adoptarse en diez días desde la audiencia; si no, en sesenta días desde la detención, prorrogables otros treinta.
6. Las condenas de prisión dictadas en un Estado miembro pueden cumplirse en otro para facilitar la reinserción social del condenado, normalmente con su consentimiento, y el tiempo ya cumplido se descuenta.
7. La orden europea de protección permite que las medidas que protegen a una víctima en un Estado miembro sigan siendo efectivas si esta se desplaza a otro Estado de la UE, donde un juez adoptará medidas equivalentes.
8. La ley deroga las leyes anteriores que regulaban por separado la orden de detención europea, el embargo y aseguramiento de pruebas, las sanciones pecuniarias y el decomiso, reuniendo todo en un único texto.

A quién afecta

• Personas reclamadas o condenadas en otro Estado de la UE: Pueden ser entregadas, cumplir su condena o medidas en otro país, o ser vigiladas desde España, con garantías como audiencia, abogado y plazos máximos.
• Víctimas de delitos: Sus medidas de protección pueden acompañarlas si se trasladan a otro Estado miembro, y pueden recibir compensaciones incluidas en sanciones pecuniarias.
• Jueces y fiscales españoles: Deben transmitir, reconocer y ejecutar estos instrumentos en plazos concretos y con motivos tasados de denegación.
• Ministerio de Justicia: Actúa como Autoridad Central de auxilio, autoriza tránsitos y recibe información estadística sobre estos instrumentos.

Palabras que conviene saber

Reconocimiento mutuo

Principio por el que una resolución judicial de un país de la UE se acepta y ejecuta en los demás países casi automáticamente, sin revisar el fondo del asunto.

Doble tipificación

Comprobar que el hecho castigado en el extranjero también es delito en España. Para ciertos delitos graves ya no se exige esta comprobación.

Non bis in idem

Regla que impide juzgar o castigar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Principio de especialidad

Regla que impide procesar o condenar a una persona entregada por otros delitos anteriores distintos del que motivó su entrega, salvo excepciones.

Prisión provisional

Encarcelamiento temporal de una persona mientras se resuelve su proceso penal, antes de la condena.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes