El proyecto propone un sistema nacional para una movilidad más sostenible

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1. El proyecto propone reconocer la movilidad sostenible como un derecho de toda la ciudadanía. Las administraciones deberán facilitarlo con infraestructuras, transportes y servicios, con especial atención a la movilidad cotidiana y a las zonas despobladas.
2. Se crearía un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para coordinar a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Contaría con una Conferencia Sectorial, un Foro Administrativo, un Consejo Superior, un espacio de datos y un documento de orientaciones.
3. El proyecto propone un Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOSDOMOS Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible: documento con directrices comunes que guiarían la planificación de la movilidad de las administraciones.) con directrices comunes para todas las administraciones. Sería vinculante para el Estado y el primero se aprobaría en 18 meses desde la entrada en vigor.
4. Los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrían un año para aprobar un plan de movilidad simplificado. Las empresas y entidades públicas con más de 500 trabajadores por centro (o 250 por turno) dispondrían de 24 meses para tener planes de movilidad al trabajo, negociados con la representación laboral.
5. Se crearía un fondo estatal para subvencionar el transporte público urbano, con un sistema homogéneo para todo el país. La aportación del Estado no superaría la cuarta parte de los costes operativos y las tarifas de los usuarios deberían cubrir al menos el 25 %.
6. El proyecto propone un espacio controlado de pruebasEspacio controlado de pruebas Marco que permite ensayar proyectos piloto de movilidad bajo supervisión y con condiciones especiales, antes de regularlos. para ensayar proyectos innovadores de movilidad bajo supervisión. Los participantes deberán dar su consentimiento informado y el promotor responderá de los daños que sufran.
7. Se crearía una ventanilla única para facilitar pruebas de vehículos automatizados en vías públicas, gestionada por la Dirección General de Tráfico. Estos vehículos tendrían además preferencia de acceso al espacio controlado de pruebas.
8. El proyecto establece un régimen sancionador con infracciones graves y leves. Las graves se sancionarían con multas de 2.001 a 6.000 euros y las leves de 101 a 2.000 euros.

A quién afecta

• Ayuntamientos y entidades locales: Deberían aprobar planes de movilidad sostenible y podrían recibir subvenciones del nuevo fondo estatal para el transporte urbano.
• Empresas y entidades públicas grandes: Con más de 500 trabajadores por centro (o 250 por turno), tendrían que elaborar planes de movilidad al trabajo negociados con la representación laboral.
• Operadores de transporte y gestores de infraestructuras: Deberían facilitar datos abiertos de sus servicios e infraestructuras y podrían ser sancionados si no cumplen.
• Ciudadanía en general: Se reconocería un derecho a la movilidad sostenible, con más transporte público, movilidad activa y accesibilidad.
• Empresas innovadoras en movilidad: Podrían probar sus proyectos en el espacio controlado de pruebas y acceder a la ventanilla única para vehículos automatizados.

Palabras que conviene saber

DOMOS

Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible: documento con directrices comunes que guiarían la planificación de la movilidad de las administraciones.

EDIM

Espacio de Datos Integrado de Movilidad: sistema digital que reuniría información sobre transporte y movilidad de todas las administraciones.

Obligación de servicio público

Exigencia que impone la administración a un operador de transporte para garantizar un servicio que, por interés comercial, no prestaría sin compensación económica.

Espacio controlado de pruebas

Marco que permite ensayar proyectos piloto de movilidad bajo supervisión y con condiciones especiales, antes de regularlos.

Zona de bajas emisiones

Área urbana donde se limita la circulación de los vehículos más contaminantes.

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