Reglas especiales para contratar defensa y seguridad en el sector público

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1. La ley regula cómo se preparan y adjudican los contratos de obras, suministros, servicios y colaboración público-privada en los ámbitos de la defensa y la seguridad pública, y también el régimen de la subcontratación en ese ámbito.
2. Quedan incluidos los contratos de equipos militares, armas, municiones y equipos sensibles, así como las obras y servicios directamente relacionados con ellos. La investigación y el desarrollo se consideran servicios.
3. Están sujetos a la ley la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas en seguridad pública y otros entes vinculados que ejerzan competencias en defensa o seguridad y cumplan ciertos requisitos de financiación o control.
4. En lo no previsto por esta ley se aplica la Ley 30/2007 de contratos del sector público. Son contratos sujetos a regulación armonizadaRegulación armonizada Nivel de contratos que supera ciertas cifras de dinero y por eso sigue reglas europeas más estrictas de publicidad y competencia. los de suministro y servicios de 387.000 euros o más, las obras de 4.845.000 euros o más y, en todo caso, los de colaboración público-privada.
5. Se excluyen de la ley, entre otros, los contratos de actividades de inteligencia, los que exijan revelar información contraria a los intereses esenciales de la seguridad, los celebrados entre gobiernos y los de terrenos o edificios ya existentes.
6. El órgano de contrataciónÓrgano de contratación Persona u órgano que tiene la facultad de firmar contratos en nombre de una entidad pública. puede exigir a las empresas habilitaciones de seguridad para acceder a información clasificadaInformación clasificada Información que requiere protección por seguridad nacional y solo puede conocer quien tenga la autorización correspondiente., también a los subcontratistas, y puede pedir compromisos sobre seguridad del suministro, como mantener capacidad ante crisis o comunicar cambios en la cadena de abastecimiento.
7. El procedimiento negociadoProcedimiento negociado Sistema de adjudicación en el que la Administración negocia directamente con las empresas para fijar las condiciones del contrato. con publicación de anuncio pasa a ser un procedimiento ordinario, sin necesidad de justificación previa. También se regulan el abierto, el restringido, el diálogo competitivo y los acuerdos marco, que no podrán durar más de siete años salvo circunstancias excepcionales.
8. El contratista principal responde en exclusiva frente a la Administración de la ejecución del contrato, y los subcontratistas no tienen acción directa contra ella. El contratista debe pagar a los subcontratistas en los plazos fijados, con intereses de demora si se retrasa.

A quién afecta

• Órganos de contratación del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, que deben seguir estas reglas al contratar.: Deben aplicar los procedimientos y exigencias de seguridad de esta ley.
• Empresas que quieran vender equipos militares, armas o equipos sensibles al sector público.: Deben acreditar solvencia y, en su caso, habilitaciones de seguridad de empresa.
• Subcontratistas de esos contratos.: Cobran del contratista principal y no pueden reclamar directamente a la Administración.
• Comunidades Autónomas con competencias en seguridad pública.: Pueden contratar según esta ley y publicar en sus boletines oficiales.

Palabras que conviene saber

Órgano de contratación

Persona u órgano que tiene la facultad de firmar contratos en nombre de una entidad pública.

Regulación armonizada

Nivel de contratos que supera ciertas cifras de dinero y por eso sigue reglas europeas más estrictas de publicidad y competencia.

Procedimiento negociado

Sistema de adjudicación en el que la Administración negocia directamente con las empresas para fijar las condiciones del contrato.

Acuerdo marco

Acuerdo entre la Administración y una o varias empresas que fija las condiciones de los contratos que se adjudicarán durante un período determinado.

Información clasificada

Información que requiere protección por seguridad nacional y solo puede conocer quien tenga la autorización correspondiente.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes