Protege a los concejales y limita la financiación de partidos ligados al terrorismo

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1. Castiga con prisión de seis meses a un año a quienes perturben gravemente los plenos de los ayuntamientos, impidiendo el acceso, el orden del día o los acuerdos, o causando desórdenes para apoyar a bandas armadas. Además, endurece la pena para quienes amenacen o coaccionen a miembros de corporaciones locales amparándose en el terrorismo.
2. Permite que las policías autonómicas y municipales actúen fuera de su territorio para proteger a autoridades, con autorización del Ministerio del Interior o de la comunidad autónoma, y siempre en situaciones de emergencia previo requerimiento.
3. Permite que la Administración local se persone como parte en causas por delitos que impidan u obstaculicen el trabajo de los concejales, y obliga al juez a proteger la confidencialidad de los datos públicos de las víctimas de amenazas o coacciones.
4. El Estado puede sufragar los gastos de seguridad de los partidos políticos y reparte las subvenciones según escaños y votos. Se suspende toda financiación pública a partidos con conductas de ilegalización o con condenados por terrorismo, rebelión o delitos graves contra las Instituciones del Estado en sus listas u órganos, salvo que los hayan rechazado públicamente.
5. Reforma la ley electoral: declara inelegibles a condenados por terrorismo o rebelión aunque la sentencia no sea firme, protege del censo a quienes sufran amenazas, condiciona las subvenciones electorales a que los electos ejerzan su cargo y regula adelantos de hasta el 30 % de la subvención.
6. El Senado debe dar su acuerdo para que el Gobierno disuelva corporaciones locales que den apoyo o cobertura al terrorismo o humillen a las víctimas. Los concejales amenazados pueden declarar sus intereses ante la diputación o la comunidad autónoma en un registro especial.

A quién afecta

• Concejales y miembros de corporaciones locales: Reciben protección penal, policial y frente a la publicación de sus datos si son amenazados.
• Partidos políticos: Pueden recibir ayudas para gastos de seguridad, pero pierden toda financiación pública si tienen conductas de ilegalización o condenados por terrorismo en sus listas.
• Quienes alteren plenos o amenacen a ediles: Se enfrentan a penas de prisión y a penas agravadas.
• Ayuntamientos y policías autonómicas y municipales: Sus cuerpos pueden actuar fuera de su territorio para proteger autoridades o en emergencias.
• Electores y candidaturas: Cambian las reglas de elegibilidad, del censo y de las subvenciones electorales.

Palabras que conviene saber

Pleno

Reunión de todos los concejales de un ayuntamiento para adoptar acuerdos.

Inelegible

Persona que no puede presentarse como candidata en unas elecciones.

Censo electoral

Lista oficial de quienes tienen derecho a votar en unas elecciones.

Comisión gestora

Órgano que administra temporalmente un ayuntamiento cuando no puede constituirse con normalidad.

Personarse en la causa

Comparecer en un juicio como parte, es decir, como perjudicado que acusa o reclama.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes