Regula las empresas y el personal de seguridad privada en España

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1. La Ley regula los servicios de seguridad prestados por empresas y personas privadas, que se consideran complementarios y subordinados a la seguridad pública. Solo pueden ejercerlos las empresas de seguridad y el personal habilitado: vigilantes, jefes de seguridad, escoltas, guardas particulares del campo y detectives privados.
2. Las empresas de seguridad deben inscribirse en un Registro del Ministerio del Interior y cumplir requisitos como constituirse como sociedad anónima, limitada, anónima laboral o cooperativa, tener capital social desembolsado y contar con medios adecuados. Sus administradores y directores deben residir en España, carecer de antecedentes penales y no haber sido sancionados por infracciones graves en materia de seguridad.
3. El personal de seguridad necesita una habilitación del Ministerio del Interior, para la que hay que superar pruebas y cumplir requisitos como tener nacionalidad española y no tener condenas por atentar contra derechos fundamentales. Los vigilantes solo actúan dentro de los edificios o propiedades vigilados, salvo el transporte de dinero y valores, y solo llevan armas de fuego con licencia y en los supuestos que se determinen.
4. Las empresas y el personal de seguridad tienen prohibiciones claras: no pueden intervenir en reuniones, manifestaciones ni conflictos políticos o laborales, no pueden controlar opiniones políticas, sindicales o religiosas, y deben guardar secreto sobre la información de sus clientes. También deben auxiliar y seguir las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5. Los detectives privados solo pueden investigar hechos privados y delitos que se persiguen a instancia de parte, y deben denunciar de inmediato cualquier delito perseguible de oficio que conozcan. No pueden usar medios que atenten contra el honor, la intimidad o el secreto de las comunicaciones.
6. La Ley crea un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, y multas que en el caso de las empresas pueden llegar a 100.000.000 de pesetas para las muy graves, además de la cancelación de la inscripción. Las sanciones las imponen el Ministro del Interior, el Director de la Seguridad del Estado, el Director General de la Policía o los Gobernadores Civiles según la gravedad.

A quién afecta

• Empresas de seguridad: Deben inscribirse en el Registro del Ministerio del Interior, cumplir requisitos de capital y medios, comunicar sus contratos y cambios societarios, y presentar un informe anual de actividades.
• Vigilantes de seguridad, jefes de seguridad y escoltas: Necesitan habilitación administrativa, solo pueden hacer las funciones que la Ley les asigna y solo llevan armas con licencia y en los casos previstos.
• Detectives privados: Solo pueden investigar hechos privados y delitos perseguibles a instancia de parte, y deben denunciar de inmediato los delitos perseguibles de oficio que conozcan.
• Guardas particulares del campo: Siguen el régimen de los vigilantes con especialidades: no pueden proteger dinero ni valores y no necesitan integrarse en empresas de seguridad.
• Clientes y usuarios de servicios de seguridad: Quien contrate empresas sin habilitación a sabiendas comete una infracción grave, y quien contrate personal sin requisitos, una leve.

Palabras que conviene saber

Habilitación

Autorización administrativa que concede el Ministerio del Interior para poder ejercer como personal de seguridad privada.

Homologación

Aprobación oficial de que un medio material o técnico (como aparatos de alarma) reúne las características exigidas.

Delito perseguible de oficio

Delito que la autoridad debe investigar y perseguir por sí misma, sin que nadie tenga que denunciarlo primero.

Medidas cautelares

Medidas temporales (como retirar una habilitación o precintar material) que se adoptan durante el expediente para evitar que continúe la infracción.

Multas coercitivas

Multas repetidas que se imponen para obligar a cumplir una resolución, además de la sanción principal.

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