Propuesta para que el Estado controle en exclusiva a los funcionarios locales habilitados

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1. La propuesta, presentada por el Senado, quiere cambiar el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, que regula las bases del régimen local. No es una ley aprobada: el Congreso ha encomendado su estudio a la Comisión de Hacienda y Función Pública y las enmiendas pueden presentarse hasta el 28 de octubre de 2025.
2. El texto mantiene que las funciones de secretario, interventor y tesorero en los ayuntamientos quedan reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, y que la escala se divide en las subescalas de Secretaría, Intervención-tesorería y Secretaría-intervención, con dos categorías: entrada y superior.
3. El proyecto propone que sea el Estado, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien regule el régimen jurídico de estos funcionarios y apruebe la oferta de empleo, su selección, formación y habilitación. Las comunidades autónomas solo podrán colaborar en los procesos y participar en los tribunales.
4. La propuesta fija que el sistema normal para asignar puestos sea el concurso, con un concurso anual unitario convocado por el Estado y ámbito estatal. Los méritos generales valdrán al menos el 80 % de la puntuación, los de la comunidad autónoma hasta el 15 % y los del ayuntamiento hasta el 5 %.
5. Se derogan los apartados séptimo y octavo de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985 y la disposición transitoria decimocuarta de la Ley Orgánica 1/2025, que permitía transferir al País Vasco la selección y provisión de estos funcionarios.
6. La ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio tendrá seis meses para aprobar los cambios reglamentarios necesarios.

A quién afecta

• Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros): Su selección, formación, provisión de puestos y régimen disciplinario seguiría dependiendo del Estado, con un concurso anual unitario de ámbito estatal.
• Ayuntamientos y demás entidades locales: Podrían fijar hasta un 5 % de los méritos de los concursos y necesitarían autorizaciones estatales para ciertos nombramientos por libre designación.
• Comunidades autónomas: Perderían la posibilidad de seleccionar a estos funcionarios; solo podrían colaborar en los procesos, participar en tribunales y hacer nombramientos provisionales.
• Personas que se presenten a estas oposiciones: Se presentarían a pruebas comunes de nivel estatal; en comunidades con lengua cooficial, conocerla sería mérito pero no requisito.

Palabras que conviene saber

Habilitación de carácter nacional

Título oficial que da a ciertos funcionarios la capacidad de ocupar puestos reservados en cualquier ayuntamiento de España, con independencia de dónde hayan aprobado la oposición.

Provisión de puestos

Sistema para asignar a cada funcionario el puesto de trabajo que va a ocupar.

Concurso

Proceso en el que se elige a una persona valorando sus méritos, como experiencia o formación, y no solo un examen.

Libre designación

Sistema en el que la administración elige directamente a una persona para un puesto, sin concurso de méritos.

Subsidiariedad

Principio según el cual cada asunto debe gestionarlo la administración más cercana a la ciudadanía que sea capaz de resolverlo.

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