Propuesta para garantizar información veraz y frenar la desinformación en los medios

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1. El proyecto propone limitar la participación en el capital de los medios según su audiencia: cuanto más ámbitos distintos (televisión, radio, prensa escrita y digital) abarque una misma persona o empresa, menor porcentaje de audiencia podrán sumar sus medios, desde el 25 % estatal si participa en uno hasta el 10 % si participa en los cuatro.
2. Crea el Consejo del Derecho a la Información, un organismo de 50 miembros elegidos por sufragio universal que vigilaría el pluralismo, detectaría noticias falsas difundidas por medios y llevaría un registro público de los medios y periodistas sancionados por desinformación. Sus decisiones se adoptarían por mayoría de tres quintos y sus actas serían públicas.
3. Establece un régimen sancionador con multas de 1.000 a 600.000 euros según la infracción sea leve, grave o muy grave. Entre las infracciones están incumplir los límites de concentración, falsear el registro de intereses, difundir deliberadamente noticias falsas para influir en elecciones o fomentar discriminación y odio. En casos reiterados podría llegar a perderse la licencia.
4. Obliga a los titulares, directivos y presentadores de informativos de los medios a declarar sus bienes e intereses ante un registro público, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor o desde que accedan al cargo.
5. Los medios con audiencia igual o superior al 15 % estatal o al 20 % autonómico deberán garantizar la independencia de la redacción (por ejemplo con comités de redacción) y publicar en su web, de forma fácil y gratuita, sus ingresos, balances, socios y órganos de administración.
6. Contra la precariedad, propone considerar la producción de contenidos informativos actividad esencial (sin contratas ni subcontratas), tratar como grupo de empresas a los medios con accionariado compartido, pagar a los autónomos lo mismo por hora que a la plantilla y prohibir los contratos de duración determinada.

A quién afecta

• Empresas y personas dueñas de medios de comunicación o con participación en su capital: Límites de audiencia según los ámbitos en que participen y obligación de declarar sus bienes e intereses en un registro público.
• Medios de comunicación con gran audiencia: Deber de publicar sus ingresos, propiedad y estructura de control, y de garantizar la independencia de la redacción, con multas si incumplen.
• Profesionales de la información: Nuevas garantías laborales: prohibición de contratas y subcontratas, misma retribución por hora que la plantilla y fin de los contratos temporales.
• Presentadores y conductores de programas informativos o de actualidad política: Obligados también a presentar declaración de bienes e intereses.
• El Gobierno y las administraciones públicas: Deberán crear un nuevo sistema de medición de audiencias, publicar el coste de sus campañas de publicidad institucional y aplicar nuevos criterios para adjudicarla.

Palabras que conviene saber

Proposición de ley orgánica

Texto que un grupo parlamentario presenta para que se convierta en una ley que afecta a derechos fundamentales. Todavía no es una ley aprobada: está en tramitación.

Capital social

El dinero que los socios han puesto en una empresa, que determina qué parte de ella posee cada uno.

Potestad sancionadora

La capacidad de un organismo público de imponer sanciones, como multas, a quien incumple la ley.

Contrata y subcontrata

Empresas que una contratista encarga de ejecutar parte de su trabajo. La propuesta prohíbe usarlas para producir contenidos informativos.

Publicidad institucional

La publicidad que pagan las administraciones públicas para dar a conocer sus actividades o campañas.

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