El proyecto propone designar autoridades y multas para la inteligencia artificial

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1. El proyecto propone adaptar el derecho español al Reglamento europeo de inteligencia artificial: designa autoridades nacionales de supervisión y fija un régimen sancionador para los sistemas de IA usados en España. Afecta a proveedores, importadores, distribuidores y a quienes despliegan estos sistemas.
2. Se designa a la Dirección General de Inteligencia Artificial como autoridad notificante, que vigila a los organismos que evalúan la conformidad de los sistemas. Para vigilar el mercado se reparten funciones: la AESIA como autoridad general, la Agencia Española de Protección de Datos para biometría y migración, el Consejo General del Poder Judicial para justicia, y el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros para sistemas financieros y de seguros.
3. Cualquier persona podrá reclamar ante las autoridades si considera que se incumple el Reglamento, a través de una ventanilla única en la AESIA. Quienes comuniquen infracciones desde su trabajo tendrán protección frente a represalias.
4. Se regulan los espacios controlados de pruebas para la IA: entornos donde probar sistemas innovadores antes de venderlos. La AESIA creará uno obligatorio y otras autoridades podrán crear otros en su ámbito.
5. Las entidades del sector público estatal deberán informar sobre los sistemas de IA que usan, registrarlos en un inventario y designar un delegado de IA que coordine su buen uso. Hay excepciones para defensa, seguridad nacional o ciberseguridad.
6. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las multas llegan hasta 35.000.000 euros o el 7 % del volumen de negocios anual para las muy graves, como usar prácticas de IA prohibidas; las leves se limitan a 500.000 euros o el 0,5 %.
7. El procedimiento sancionador seguirá la ley general de procedimiento administrativo, con plazos de resolución de 18 meses para infracciones graves y 9 para leves. Las infracciones prescriben en 1, 3 o 5 años según su gravedad, y quien reconozca su responsabilidad podrá pagar con una reducción del 25 %.
8. La AESIA deberá adaptarse a entidad pública independiente en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor. La ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque la parte electoral esperará a esa adaptación de la AESIA.

A quién afecta

• Empresas que desarrollan, importan, distribuyen o usan sistemas de inteligencia artificial: Deberán cumplir las obligaciones del Reglamento europeo de IA y podrán ser sancionados con multas de hasta 35.000.000 euros o el 7 % de su facturación.
• Cualquier persona: Podrán reclamar en la ventanilla única de la AESIA si creen que se incumple el Reglamento, y quienes informen desde su trabajo estarán protegidos frente a represalias.
• Entidades del sector público estatal: Deberán informar sobre los sistemas de IA que usan, registrarlos en un inventario y designar un delegado de IA; en caso de infracción recibirán apercibimiento en lugar de multas.
• AESIA, Agencia Española de Protección de Datos, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, CNMV y otros organismos: Quedan designados como autoridades de vigilancia o notificantes, con funciones de supervisión, inspección y sanción en sus ámbitos.

Palabras que conviene saber

AESIA

Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, el organismo público que vigilará el uso de la IA en España.

Autoridad notificante

Órgano que evalúa, designa y supervisa a los organismos que comprueban si los sistemas de IA de alto riesgo cumplen los requisitos.

Sistema de IA de alto riesgo

Sistema de inteligencia artificial cuyo uso puede afectar seriamente a la salud, la seguridad o los derechos de las personas, como los usados en biometría, educación o empleo.

Espacio controlado de pruebas

Entorno supervisado donde las empresas pueden probar sistemas de IA innovadores antes de comercializarlos.

Multa coercitiva

Multa que se repite periódicamente para obligar a cumplir lo ordenado, distinta de la multa por la infracción.

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