El proyecto propone sustituir la ley procesal penal de 1882 por un nuevo sistema

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1. El proyecto propone que el Ministerio Fiscal dirija la investigación de los delitos, en lugar del juez instructor actual. El juez pasaría a ser un garante imparcial de los derechos, sin investigar.
2. Se crea un Juez de Garantías que autoriza las diligencias que afectan a derechos fundamentales (escuchas, registros, intervenciones corporales) y controla la investigación, sin dirigirla.
3. El proyecto propone un nuevo reparto de funciones judiciales: un Juez de la Audiencia Preliminar decide si se abre el juicio oral y depura la prueba ilícita, y otros magistrados hacen el enjuiciamiento.
4. Se refuerzan los derechos de la persona encausada: defensa desde el inicio, acceso a las actuaciones, participación en las diligencias de investigación y derecho a guardar silencio sin perjuicio.
5. Se regula un estatuto completo para la persona encausada con discapacidad, con medidas de apoyo individualizadas y medidas cautelares específicas, algo que la ley actual no cubre.
6. El proyecto introduce el principio de oportunidad con límites: el fiscal podría archivar o suspender el procedimiento en delitos de hasta tres años de prisión si se cumplen reglas de conducta, con control judicial y consentimiento de la víctima.
7. Se amplían las medidas cautelares menos gravosas que la prisión (caución, prohibiciones de aproximación, localización telemática, custodia) para que la prisión provisional sea verdaderamente excepcional, con revisión periódica obligatoria cada seis meses.
8. Se limita la acusación popular: quedan fuera las administraciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos, y el fiscal debe autorizar la personación comprobando que se persigue un interés general.

A quién afecta

• Personas investigadas o acusadas en un proceso penal: Tendrían más derechos de defensa y un juez sin funciones de investigador que velaría por sus garantías.
• Víctimas de delitos: Tendrían derechos reconocidos a ser informadas, oídas y a recurrir aunque no se personaran, y la justicia restaurativa podría darles una reparación.
• Ministerio Fiscal y Policía Judicial: El fiscal pasaría a dirigir la investigación y la policía dependería funcionalmente de él.
• Ciudadanos que quieran ejercer la acusación popular: Encontrarían límites nuevos: exclusiones subjetivas y autorización previa del fiscal.
• Personas con discapacidad encausadas: Dispondrían de un estatuto propio con apoyo individualizado y medidas cautelares adaptadas.

Palabras que conviene saber

Encausada

Persona sometida a un procedimiento penal en cualquiera de sus fases (investigada, acusada o condenada).

Medida cautelar

Decisión provisional que limita derechos (como la prisión o el embargo) mientras dura el proceso, para asegurar su buen fin.

Prisión provisional

Encarcelamiento temporal antes de la sentencia, que solo puede acordarse como último recurso.

Principio de oportunidad

Facultad del fiscal de no continuar o suspender el proceso en ciertos casos, aunque haya delito, si se cumplen condiciones fijadas por la ley.

Acusación popular

Posibilidad de que cualquier ciudadano participe en un proceso penal como acusador, aunque no sea la víctima.

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