Proteger a los menores en internet: controles, formación y sanciones

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1. El proyecto propone que los fabricantes de móviles, tabletas, consolas y otros equipos con internet incluyan de serie un control parental gratuito, activado al configurar el aparato por primera vez, e informen en el embalaje y el manual de los riesgos de los contenidos dañinos para menores. El incumplimiento se considera infracción grave, con multas de hasta dos millones de euros.
2. Se prohíbe que los menores accedan o activen los mecanismos aleatorios de recompensa (las cajas botín de los videojuegos), entendidos como aquellos cuyo resultado es aleatorio y da objetos virtuales canjeables por dinero. Por reglamento podrán prevverse excepciones.
3. Los centros educativos deberán regular el uso de móviles y dispositivos digitales en las aulas, las actividades extraescolares y los descansos supervisados, según lo que aprueben las administraciones educativas. Además, se fomentará la formación digital del alumnado y del profesorado.
4. Las víctimas de violencia de género o de violencias sexuales cometidas mediante entornos digitales tendrán la condición de víctimas de esas leyes, con acceso a servicios de información, atención psicosocial y asesoramiento jurídico las 24 horas, todos los días del año.
5. El Código Penal se reforma para permitir penas de prohibición de acceso a redes sociales y espacios virtuales relacionados con el delito, castigar la difusión de imágenes o voces falsas generadas con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, y agravar las penas cuando se usen identidades falsas contra menores.
6. Se eleva a 16 años la edad mínima para que un menor consienta por sí solo el tratamiento de sus datos personales; hasta entonces lo decidirán quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. Los consentimientos ya dados por menores de 16 años seguirán siendo válidos si no se revocan.
7. Las plataformas de vídeo y los servicios audiovisuales, incluidos los establecidos fuera de la Unión Europea que se dirijan a España, deberán usar sistemas de verificación de edad que impidan a los menores acceder a contenidos muy nocivos como la pornografía o la violencia gratuita, y ofrecer control parental. La CNMC podrá sancionar e incluso suspender el servicio hasta un año.
8. Las empresas que vendan bienes o servicios solo para adultos, por su contenido sexual o violento o por su riesgo para la salud, deberán comprobar la edad del cliente antes de contratar; no hacerlo será infracción leve en defensa de los consumidores.

A quién afecta

• Familias y menores de edad: Recibirán más protección frente a contenidos dañinos, control parental de serie y servicios de apoyo las 24 horas.
• Fabricantes de móviles, tabletas, consolas y aparatos similares: Deberán incluir control parental activado por defecto e información sobre riesgos, con multas de hasta dos millones de euros si no cumplen.
• Centros educativos y profesorado: Deberán regular el uso de móviles en el centro y reforzar la formación digital.
• Empresas digitales, plataformas audiovisuales y proveedores de internet: Deberán verificar la edad, aplicar control parental y evitar contenidos nocivos para menores, con sanciones si incumplen.
• Víctimas de violencias digitales: Tendrán reconocida la condición de víctimas y acceso a servicios de asistencia las 24 horas.

Palabras que conviene saber

Control parental

Función de un dispositivo o servicio que permite a los adultos limitar o vigilar a qué contenidos y aplicaciones acceden los menores.

Mecanismos aleatorios de recompensa (cajas botín)

Funciones de videojuegos que, al pagar por activarlas, dan un premio virtual al azar, que puede canjearse por dinero u otros objetos virtuales.

Ultrafalsificación (deepfake)

Imagen o voz manipulada con tecnología, como la inteligencia artificial, para que parezca real aunque no lo sea.

Ley orgánica

Tipo de ley reservada a materias importantes, como los derechos fundamentales, que necesita una mayoría especial del Congreso para aprobarse.

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo público que vigila y sanciona a las empresas de telecomunicaciones y audiovisuales.

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