Medidas laborales para proteger el empleo durante el estado de alarma por COVID-19

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1. Los hospitales, ambulatorios y centros de mayores, dependientes o con discapacidad que los ministerios determinen como servicios esenciales deben seguir funcionando durante el estado de alarma. No pueden tramitar ERTE y solo pueden reducir o suspender su actividad si lo permiten las autoridades competentes. El incumplimiento se sanciona según la ley.
2. La fuerza mayorFuerza mayor Causa ajena e imprevisible que impide a la empresa mantener la actividad, como una emergencia sanitaria. y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que justifican los ERTE no pueden usarse para justificar despidos ni extinciones de contrato. Solo sirven para suspensiones de contrato o reducciones de jornada.
3. Para agilizar el cobro del paro, la empresa presenta una solicitud colectiva ante la entidad gestora en nombre de todos los trabajadores afectados. Debe enviarla en 5 días desde el inicio del ERTE, por medios electrónicos, y si no lo hace comete una infracción grave.
4. En las cooperativas, si la Asamblea General no puede reunirse por medios virtuales, el Consejo Rector puede aprobar la suspensión de trabajo de sus socios. Además, la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, interrumpe el cómputo de su duración máxima, de modo que puedan cumplir el tiempo previsto.
5. Los ERTE por fuerza mayor no pueden durar más que el estado de alarma y sus prórrogas, ni siquiera los resueltos por silencio administrativoSilencio administrativo Si la administración no responde en plazo, la solicitud se entiende estimada (en este caso, el silencio es positivo).. Si la empresa miente en sus solicitudes o pide medidas innecesarias, se sanciona y debe devolver las prestaciones pagadas de más. También se fija cuándo surte efecto el paro y se refuerza la colaboración con la Inspección de Trabajo para detectar fraudes.
6. Las medidas de cotización y protección por desempleo del Real Decreto-leydecreto-ley Una norma con fuerza de ley que aprueba el Gobierno por urgencia. Rige desde que sale en el BOE, pero el Congreso tiene que convalidarla en 30 días o decae. 8/2020 se aplican también a procedimientos anteriores a su entrada en vigor si derivan del COVID-19. Se amplía la tramitación de emergencia de contratos a todo el sector público y se permite pagar a justificar. La norma entra en vigor el día de su publicación y dura mientras siga el estado de alarma.

A quién afecta

• Hospitales, ambulatorios y centros de mayores, dependientes o con discapacidad: Deben mantener su actividad y no pueden tramitar ERTE en sus centros esenciales.
• Empresas: No pueden usar los ERTE para despedir; deben tramitar el paro de sus trabajadores en 5 días y arriesgan sanciones si mienten.
• Personas trabajadoras afectadas por ERTE: Cobran el paro de forma más ágil y sus contratos temporales no pierden duración por la suspensión.
• Sociedades cooperativas: Pueden aprobar suspensiones de trabajo de sus socios si la Asamblea no puede reunirse.
• Sector público: Puede usar la tramitación de emergencia para contratar lo necesario contra el COVID-19.

Palabras que conviene saber

ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo)

Procedimiento por el que una empresa, con permiso de la autoridad laboral, suspende los contratos o reduce la jornada de sus trabajadores de forma temporal.

Fuerza mayor

Causa ajena e imprevisible que impide a la empresa mantener la actividad, como una emergencia sanitaria.

Prestación contributiva por desempleo

El paro: dinero que cobra la persona trabajadora mientras está en situación legal de desempleo.

Silencio administrativo

Si la administración no responde en plazo, la solicitud se entiende estimada (en este caso, el silencio es positivo).

Libramiento a justificar

Entrega de dinero público antes de justificar el gasto, que se documenta después.

decreto-ley

Una norma con fuerza de ley que aprueba el Gobierno por urgencia. Rige desde que sale en el BOE, pero el Congreso tiene que convalidarla en 30 días o decae.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes