Propuesta de ley para proteger a quienes denuncian corrupción e irregularidades

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1. La propuesta quiere proteger a las personas que revelen informaciones sobre irregularidades, infracciones o malas prácticas que dañen el interés general, tanto en el sector público como en el privado, y regular los canales para recibirlas.
2. Protege no solo a quien alerta, sino también a los facilitadores: personas o entidades como ONGs, sindicatos, periodistas o abogados que ayudan a hacer llegar la alerta.
3. Garantiza a alertadores y facilitadores la seguridad, el anonimato y la confidencialidad, el acceso a la información del procedimiento y la asistencia jurídica gratuita.
4. Prohíbe las represalias laborales y económicas: quien sea despedido podrá elegir entre la readmisión o la indemnización por despido improcedente, y los trabajadores por cuenta propia que deban cesar en su actividad tendrán seis meses con la obligación de cotizar suspendida.
5. Quien alerte solo necesita una convicción razonable de que la información es fiable; comprobar los hechos corresponde al organismo investigador. Si alerta sobre hechos en los que participó, se le aplicaría una atenuante que reduce la pena en uno o dos grados.
6. Las administraciones, empresas de más de 50 trabajadores y otras entidades deberán crear canales de alerta anónimos y seguros, y el alertadorAlertador Persona que revela o comunica informaciones sobre infracciones o irregularidades que dañan el interés general (en inglés, whistleblower). podrá elegir libremente el canal que use, sin estar obligado a acudir primero al interno.
7. Se crea una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores, que actuará como canal externo, representará legalmente a los alertadores, les dará asistencia jurídica y sancionará las infracciones.
8. Se prevén multas de hasta 300.000 euros y hasta tres años de inhabilitación para las infracciones muy graves, como revelar la identidad de un alertador anónimo o tomar represalias contra él.

A quién afecta

• Trabajadores y funcionarios que presencien irregularidades en su entidad: Podrían alertar de forma anónima y protegida, sin sufrir represalias laborales.
• Empresas privadas de más de 50 trabajadores: Deberían crear canales de alerta internos anónimos y seguros.
• Administraciones públicas y entidades públicas: Deberían establecer canales de alerta internos y externos y colaborar con la nueva Autoridad.
• ONGs, sindicatos, periodistas y abogados: Quedarían protegidos como facilitadores cuando ayuden a difundir una alerta.
• Quienes tomen represalias contra alertadores: Se enfrentarían a multas de hasta 300.000 euros y a la obligación de indemnizar los daños.

Palabras que conviene saber

Alertador

Persona que revela o comunica informaciones sobre infracciones o irregularidades que dañan el interés general (en inglés, whistleblower).

Facilitador

Persona o entidad que ayuda al alertador a revelar o hacer pública la información, como un periodista o una ONG.

Indemnidad

Garantía de que nadie puede perjudicar o represaliar a quien alerta.

Represalia

Cualquier acto que perjudique a alguien por haber alertado, como un despido, una sanción o amenazas.

Proposición de ley

Texto que presentan los diputados para que se convierta en ley; todavía no está aprobado.

Resume el texto con el que se presentó. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes