Propuesta para endurecer las reglas ambientales de la minería

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1. La propuesta modifica la Ley de Minas de 1973 para alinearla con los principios de protección ambiental de la Unión Europea y con la Agenda 2030. También quiere adaptar el régimen minero al derecho comunitario en materia de medio ambiente y participación pública.
2. Los permisos de investigación, concesiones y autorizaciones de explotación tendrán información pública de al menos 30 días hábiles, actividades de participación con el público afectado y consultas a las administraciones competentes. Solo surtirán efecto cuando se hayan obtenido el resto de autorizaciones exigibles y se aprueben a la vez los planes de restauración, desmantelamiento y abandono, entre otros documentos.
3. Quedan fuera de posible registro minero los lugares de la red Natura 2000Red Natura 2000 Red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea. y otros espacios con protección incompatible con las actividades extractivas, como las reservas fluviales y sus cuencas. También se suprimen los permisos de exploración y se remite la regulación de las aguas minerales y termales a la legislación de aguas.
4. Se crea un impuesto sobre el valor de lo extraído: un canon del 10 % sobre lo extraído tras el primer tratamiento, destinado a la protección de la geodiversidad. También se suprime el Plan de Abastecimiento de Materias Primas Minerales y se deroga la Ley de Fomento de la Minería de 1977.
5. Las multas por infracciones muy graves llegarán hasta 10 millones de euros, las graves hasta 1 millón y las leves hasta 50.000 euros. Además, se podrán imponer multas coercitivasMultas coercitivas Multas repetidas que se imponen para obligar a alguien a cumplir lo que se le ha ordenado. periódicas de 3.000 a 30.000 euros a quien incumpla obligaciones, y la sanción nunca podrá ser menor que el beneficio obtenido por el infractor.
6. No se podrán autorizar actividades mineras en el suelo o subsuelo bajo jurisdicción española en el medio marino mientras no existan medios tecnológicos y conocimiento científico que garanticen evitar todo deterioro adicional de esos ecosistemas. La declaración de utilidad pública exigirá acreditar demanda actual suficiente en el mercado europeo y la inexistencia de suministros con menor impacto ambiental.

A quién afecta

• Empresas mineras: Deberán cumplir trámites ambientales y de participación pública más exigentes, garantizar su capacidad técnica y financiera, pagar un canon del 10 % sobre lo extraído y afrontar multas de hasta 10 millones de euros.
• Administraciones públicas: Deberán tramitar los permisos con informes previos y vinculantes de las autoridades ambientales, de aguas y de ordenación del territorio, y gestionar el nuevo canon y las sanciones.
• Ciudadanía y colectivos ambientales: Podrán participar en los procedimientos de otorgamiento de permisos y estarán representados en un nuevo órgano consultivo provincial.
• Propietarios de terrenos afectados: Recibirán notificación individualizada de los proyectos y la utilidad pública se declarará caso por caso, no de forma automática.

Palabras que conviene saber

Dominio público

Bienes que pertenecen a todos y los administra el Estado, no a una persona privada.

Permiso de investigación

Autorización para hacer estudios y trabajos que permitan saber qué recursos minerales hay en un terreno.

Concesión de explotación

Autorización para extraer y aprovechar los recursos minerales de un terreno durante un tiempo determinado.

Red Natura 2000

Red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea.

Multas coercitivas

Multas repetidas que se imponen para obligar a alguien a cumplir lo que se le ha ordenado.

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