Propuesta para luchar contra la corrupción y proteger a los alertadores

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1. La propuesta reconoce derechos para quienes denuncien actos de corrupción: confidencialidad, asesoría legal gratuita, asistencia psicológica, indemnidad en el trabajo y protección frente a represalias como el despido o la reducción salarial.
2. Las empresas privadas con 50 o más trabajadores, las entidades del sector público y los sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales deberán tener canales de denuncia interna. Las denuncias deben acusarse de recibo en siete días y responderse en un plazo máximo de tres meses.
3. Se crea la Autoridad Independiente de Integridad Pública, un organismo independiente que protegerá a los alertadores, supervisará a los altos cargos, gestionará los conflictos de intereses y podrá investigar e imponer sanciones. Sustituye a la Oficina de Conflictos de Intereses.
4. El texto tipifica infracciones leves, graves y muy graves, con multas de entre 200 y 400.000 euros, y sanciones disciplinarias para altos cargos, como el cese inmediato o la prohibición de ocupar cargos similares durante cinco a diez años.
5. Se prohíbe indultar delitos de corrupción, se crea el delito de enriquecimiento ilícitoEnriquecimiento ilícito Delito que cometería una autoridad o funcionario cuyo patrimonio crece sin que pueda justificar su origen. para autoridades y funcionarios con patrimonio inexplicable, y se prevé responsabilidad civil de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales por delitos de sus cargos y empleados.
6. El presidente de la nueva Autoridad será elegido por el Congreso por mayoría de tres quintos, durará seis años no renovables y no podrá haber sido alto cargoAlto cargo Persona con un puesto directivo o de responsabilidad en la Administración, como subsecretario o director general., cargo político o directivo de partido o sindicato en los diez años previos.

A quién afecta

• Trabajadores y funcionarios que denuncien corrupción: Recibirían protección, confidencialidad, asesoría legal y protección frente a represalias.
• Empresas privadas con 50 o más trabajadores: Deberían crear canales de denuncia interna.
• Altos cargos y autoridades públicas: Quedarían sometidos a la supervisión de la nueva Autoridad y a sanciones más duras, incluido el delito de enriquecimiento ilícito.
• Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales: Responderían civilmente de forma subsidiaria por delitos de sus cargos y empleados, y no podrían indultarse delitos de corrupción.

Palabras que conviene saber

Alertador

Persona que informa o denuncia infracciones o actos de corrupción que ha conocido por su trabajo.

Indemnidad laboral

Derecho a no sufrir represalias en el trabajo por haber denunciado.

Indulto

Decisión del Gobierno que perdona total o parcialmente una pena impuesta por un tribunal.

Enriquecimiento ilícito

Delito que cometería una autoridad o funcionario cuyo patrimonio crece sin que pueda justificar su origen.

Alto cargo

Persona con un puesto directivo o de responsabilidad en la Administración, como subsecretario o director general.

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