Protección legal para quienes denuncian infracciones y corrupción

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1. La ley protege a quienes informen, en su trabajo, de infracciones penales o administrativas graves o muy graves, y también de infracciones del Derecho de la Unión Europea. Para estar protegido basta actuar de buena fe y creer razonablemente que la información es veraz.
2. Las empresas de 50 o más trabajadores y muchas entidades públicas deben crear un canal interno de denuncias. También lo deben tener partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban fondos públicos, sin importar su tamaño.
3. Se pueden presentar denuncias por escrito, de palabra o de forma anónima. La identidad del informante se reserva y solo puede revelarse a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad administrativa competente.
4. Se prohíben las represalias contra el informante, como el despido, la intimidación o el trato desfavorable. Los actos de represaliaRepresalia Perjuicio que sufre alguien por haber denunciado, como el despido, la intimidación o el trato desfavorable. adoptados en los dos años siguientes son nulos y pueden acarrear indemnización.
5. Se crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que gestiona el canal externo de denuncias, apoya a los informantes y sanciona los incumplimientos. Tiene autonomía e independencia del Gobierno.
6. Quien incumpla la ley puede ser sancionado con multas: de 1.001 a 300.000 euros para personas físicas y de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas en los casos más graves. No disponer de canal interno es infracción muy grave.
7. Las entidades obligadas deben implantar el sistema interno en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor; las empresas de 249 trabajadores o menos y los municipios de menos de 10.000 habitantes tienen hasta el 1 de diciembre de 2023.
8. Quien participe en una infracción administrativa y la denuncie antes de que se inicie el procedimiento puede quedar exento de sanción, o verla atenuada, si cesa en la conducta, coopera y repara el daño causado.

A quién afecta

• Trabajadores y empleados públicos: Pueden denunciar infracciones que conozcan en su trabajo y quedan protegidos frente a represalias.
• Empresas de 50 o más trabajadores: Están obligadas a disponer de un canal interno de denuncias.
• Administraciones públicas y municipios: Todas deben tener un sistema interno de información, incluso los municipios pequeños, que pueden compartir medios.
• Partidos, sindicatos y fundaciones con fondos públicos: Deben crear un canal interno de denuncias sea cual sea su tamaño.
• Personas investigadas por una denuncia: Conservan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la reserva de su identidad.

Palabras que conviene saber

Represalia

Perjuicio que sufre alguien por haber denunciado, como el despido, la intimidación o el trato desfavorable.

Canal interno de información

Buzón o cauce que una entidad habilita para que sus trabajadores comuniquen posibles infracciones.

Revelación pública

Hacer pública una infracción, por ejemplo en prensa o redes sociales, en lugar de usar los canales internos o externos.

Potestad sancionadora

Capacidad de una autoridad para imponer sanciones por ley.

A.A.I.

Autoridad Administrativa Independiente: organismo público con autonomía respecto del Gobierno.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes