Proyecto para crear un fondo que reparta entre todos los energéticos los costes de las renovables

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1. El proyecto propone crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), un fondo sin personalidad jurídicaFondo sin personalidad jurídica Dinero con destino y gestión propios, pero que no es una entidad independiente: se administra dentro de un organismo público, aquí el IDAE. que financiará las políticas de fomento de las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y la valorización de residuos, hoy pagadas por los consumidores eléctricos a través de los cargos de la factura de la luz.
2. El fondo se gestionará por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y quedará adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un Comité de Seguimiento y Control que vigilará su uso, aprobará su presupuesto y formulará sus cuentas anuales.
3. Deberán aportar dinero al fondo las comercializadoras de gas y electricidad, los consumidores directos de electricidad y gas, los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo y otros consumidores de estos productos. La aportación será proporcional a sus ventas o consumos de energía, y las cuotas se fijarán cada año por orden ministerial.
4. El proyecto prevé exenciones para ciertas ventas, como el queroseno, el gasóleo agrícola o los combustibles para la navegación, y compensaciones para el transporte de mercancías por carretera, el transporte de pasajeros, los taxis, el alquiler de vehículos con conductor y los consumidores industriales con riesgo de fuga de carbonoFuga de carbono Que una industria se traslade a otro país con normas climáticas menos exigentes, para evitar costes por las políticas de descarbonización..
5. Se establece un régimen sancionador con infracciones muy graves, graves y leves, con multas de hasta 60.000.000 de euros, que no podrán superar el 10 % de la cifra de negocios del infractor. Las sanciones muy graves podrán incluir además inhabilitaciones de hasta tres años.
6. La aplicación del nuevo sistema será gradual y lineal durante 5 años desde la entrada en vigor; al final de ese periodo, el fondo asumirá la totalidad de los costes y desaparecerá la contribución de los cargos eléctricos. Para 2022 se fijará una aportación por unidad de energía desde el trimestre natural completo posterior a la aprobación de la orden correspondiente.

A quién afecta

• Consumidores de electricidad: Verán reducida la parte de los costes de las renovables que pagan en los cargos de la factura de la luz, de forma gradual en 5 años.
• Comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, y consumidores directos: Deberán hacer aportaciones anuales al fondo, proporcionales a sus ventas o consumos de energía.
• Empresas de transporte de mercancías por carretera, de viajeros, taxis y alquiler de vehículos con conductor: Podrán recibir una compensación por el coste del gasóleo, con topes de 50.000 litros por vehículo y año, o 5.000 en taxis y alquiler con conductor.
• Consumidores industriales de electricidad y gas con riesgo de deslocalización por fuga de carbono: Tendrán derecho a una compensación por el impacto de las aportaciones en sus precios finales.
• Pequeños consumidores con precio regulado: El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor se modificará en seis meses para incluir la aportación de los comercializadores de referencia al fondo.

Palabras que conviene saber

RECORE

Régimen retributivo específico que retribuye a más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos. Sus costes son los que pasará a financiar el fondo.

Peajes y cargos

Partes reguladas de la factura de la luz: los peajes pagan las redes de transporte y distribución, y los cargos, el resto de costes del sistema eléctrico.

Fuga de carbono

Que una industria se traslade a otro país con normas climáticas menos exigentes, para evitar costes por las políticas de descarbonización.

Fondo sin personalidad jurídica

Dinero con destino y gestión propios, pero que no es una entidad independiente: se administra dentro de un organismo público, aquí el IDAE.

Caducidad del procedimiento

Si la Administración no resuelve en plazo (18 meses aquí), el expediente se archiva y el procedimiento termina.

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