Propuesta para frenar desahucios, ampliar el alquiler social y garantizar suministros

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1. El proyecto propone una moratoria de un año sobre los lanzamientos de vivienda habitual cuando el demandante sea un gran tenedor de viviendasGran tenedor de viviendas Bancos, fondos o personas con cinco pisos o más de 800 m2 en propiedad, según define la propia norma. y la persona afectada esté en riesgo de exclusión residencial. También exige que el juez valore la proporcionalidad antes de ordenar cualquier desalojo del domicilio.
2. Obliga a los grandes tenedores de viviendas a ofrecer un alquiler social de al menos cinco años antes de demandar, con un precio que no supere el 10 %, el 12 % o el 18 % de los ingresos según el nivel de estos. No hacerlo se sanciona con multas de 100.000 a 500.000 euros.
3. En las hipotecas sobre la vivienda habitual, propone que la responsabilidad quede limitada al bien hipotecado y que la deuda restante se extinga con la dación en pagoDación en pago Entregar la vivienda al banco a cambio de cancelar la deuda de la hipoteca.. También prevé cancelar deudas de quienes perdieron su vivienda desde 2006 y prohíbe embargar la vivienda habitual de avalistas y fiadores no deudores.
4. Reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los contratos de alquiler a un mínimo de cinco o diez años según el caso, limitar el precio al índice de referencia del INE y restringir las subidas de alquiler entre contratos sucesivos.
5. Para aumentar el parque público, propone la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores y de la SAREB, reservar suelo para vivienda protegida en alquiler, fijar un objetivo del 20 % de vivienda social en municipios con demanda acreditada, recargar el IBI de las viviendas vacías y prohibir la venta del parque público.
6. Garantiza el acceso a agua, luz y gas de los hogares vulnerables: prohíbe cortar el suministro por impago en estos casos, crea una tarifa social y un consumo mínimo vitalConsumo Mínimo Vital Cantidad básica de agua, luz y gas que toda familia vulnerable tendría garantizada., y obliga a las empresas a regularizar el servicio en hogares sin contrato, con sanciones si no cumplen.

A quién afecta

• Familias en riesgo de exclusión residencial que vivan de alquiler o con hipoteca: Recibirían moratoria de desahucios, alquiler social, realojo garantizado y suministros básicos protegidos.
• Grandes tenedores de viviendas (bancos, fondos de inversión y quienes tengan cinco pisos o más de 800 m2): Estarían obligados a ofrecer alquiler social, ceder viviendas vacías y afrontar multas si incumplen.
• Avalistas y fiadores no deudores: Su vivienda habitual no podría embargarse por deudas ajenas.
• Arrendatarios e inquilinos en general: Tendrían contratos más largos, fianza limitada a un mes y límites en las subidas del alquiler.
• Empresas suministradoras de agua, luz y gas: No podrían cortar el suministro a hogares vulnerables y deberían aplicar la tarifa social, con sanciones en caso contrario.

Palabras que conviene saber

IPREM

Indicador público de renta de efectos múltiples: una cantidad anual que fija el Estado y que se usa para calcular ayudas y umbrales de pobreza.

Dación en pago

Entregar la vivienda al banco a cambio de cancelar la deuda de la hipoteca.

Gran tenedor de viviendas

Bancos, fondos o personas con cinco pisos o más de 800 m2 en propiedad, según define la propia norma.

Lanzamiento

Desalojo de una vivienda ordenado por un juez tras un desahucio.

Consumo Mínimo Vital

Cantidad básica de agua, luz y gas que toda familia vulnerable tendría garantizada.

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