Propuesta para proteger a quienes denuncian corrupción y crear una autoridad de integridad

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1. El proyecto propone reconocer como denunciantes a los altos cargos, funcionarios y demás personal del sector público que revelen información sobre delitos o infracciones administrativas, y darles derechos como confidencialidad, asesoría legal gratuita, indemnidad laboralIndemnidad laboral Garantía de que nadie puede perjudicar tu puesto ni tu carrera por haber presentado una denuncia. e indemnización por daños.
2. Las denuncias se presentarían por un canal confidencial. No se admitirían denuncias anónimas ni sin documentos o informaciones contrastadas, y la Autoridad dispondría de quince días para acordar el inicio de un procedimiento de información reservada.
3. El denunciante podría pedir protección si sufre perjuicios por denunciar: suspensión de las decisiones que le dañen, traslado provisional a otro puesto o excedencia con derecho a retribución y reserva del puesto de trabajo.
4. Se crearía la Autoridad Independiente de Integridad Pública, un organismo con plena independencia que investigaría incompatibilidades, conflictos de intereses y mal uso de fondos públicos, tramitaría denuncias y sancionaría las infracciones.
5. Su Presidente sería elegido por el Congreso por mayoría de tres quintos, duraría seis años no renovables y no podría haber desempeñado cargos políticos ni directivas en partidos o sindicatos en los diez años anteriores.
6. Se reformaría la ley electoral para que los encausados o condenados por delitos graves relacionados con la corrupción no puedan ir en las listas electorales, y los cargos electos en ejercicio perderían su condición por incompatibilidad si son encausados.
7. Los altos cargos no podrían tener cuentas ni activos financieros en paraísos fiscales, serían cesados automáticamente si son encausados y se endurecerían las sanciones económicas contra ellos.
8. El proyecto propone más transparencia (agendas de ministros y altos cargos, contratos, publicidad institucional), un registro público de lobistas con código de conducta, un nuevo delito de enriquecimiento ilícitoEnriquecimiento ilícito Delito que cometería un cargo público que aumente su patrimonio sin poder justificar de dónde sale el dinero. y la prohibición de indultar delitos de corrupción.

A quién afecta

• Empleados públicos y personal del sector público que denuncien corrupción: Recibirían protección, confidencialidad, asesoría legal gratuita e indemnidad laboral.
• Altos cargos de la Administración General del Estado: Estarían sometidos a más controles: no podrían tener dinero en paraísos fiscales y serían cesados si son encausados.
• Candidatos y cargos electos: No podrían presentarse ni mantenerse en su cargo si son encausados por delitos graves.
• Lobistas y organizaciones que influyen en las políticas públicas: Deberían inscribirse en un registro público y cumplir un código de conducta.
• Ciudadanos en general: Tendrían más acceso a información pública: agendas, contratos y gastos de publicidad institucional.

Palabras que conviene saber

Indemnidad laboral

Garantía de que nadie puede perjudicar tu puesto ni tu carrera por haber presentado una denuncia.

Responsabilidades por alcance

Obligación de pagar los daños causados por actos ilegales o negligentes de un cargo público.

Paraíso fiscal

País o territorio con impuestos muy bajos o nulos, usado a veces para ocultar dinero.

Lobby

Persona u organización que intenta influir en las decisiones públicas en nombre de un grupo privado.

Enriquecimiento ilícito

Delito que cometería un cargo público que aumente su patrimonio sin poder justificar de dónde sale el dinero.

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