Refuerza la protección de los menores y regula acogimiento y adopción

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1. Prioriza en la protección de menores las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. Los menores de tres años solo podrán ir a un centro de protección si no hay otra opción posible o no convenga a su interés.
2. La guarda voluntaria de un menor por sus progenitores a la Administración tendrá una duración máxima de dos años, salvo prórroga excepcional. Así se evita que los niños pasen años sin una solución familiar estable.
3. Cualquier persona que tenga noticia de un posible delito sexual contra menores, de trata o de explotación deberá comunicarlo al Ministerio FiscalMinisterio Fiscal Órgano público que vela por el interés de los menores y supervisa la actuación de la Administración en su protección.. Además, para trabajar con menores habrá que acreditar no estar condenado por esos delitos.
4. Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, con la identidad y el perfil genético de los condenados por estos delitos, para su seguimiento y control también en colaboración con otros países de la Unión Europea.
5. Se regula la llamada adopción abierta: el Juez podrá permitir que el menor adoptado mantenga visitas o comunicación con su familia de origen, si conviene a su interés y lo consienten la familia adoptiva y el propio menor con madurez suficiente.
6. Se define por ley la situación de desamparoDesamparo Situación en la que un menor queda privado de la asistencia necesaria porque quienes deben cuidarlo no pueden o no quieren hacerlo. En ese caso, la Administración asume su tutela. y se limita a dos años la guarda a petición de los progenitores. Transcurridos dos años desde la declaración de desamparo, solo el Ministerio Fiscal podrá impugnar las decisiones sobre el menor.
7. Las familias adoptivas y acogedoras tendrán permiso retribuido en el trabajo para asistir a las sesiones obligatorias de información y preparación y a las entrevistas previas a la declaración de idoneidadIdoneidad Valoración de que una persona tiene la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para adoptar o acoger a un menor., igualando su trato al de las familias biológicas.
8. Quien sea condenado por matar a la persona causante de una pensión no podrá cobrar las prestaciones de viudedad o en favor de familiares. Además, se suben las pensiones de orfandad de los hijos en esos casos.

A quién afecta

• Menores de edad, especialmente los que están en situación de riesgo o desamparo: Reciben una protección más estable y familiar, con revisión periódica de las medidas y más derechos reconocidos.
• Familias de acogida y personas que se ofrecen para adoptar: Tienen reconocidos derechos y deberes concretos, y permiso retribuido para la preparación obligatoria.
• Menores extranjeros no acompañados: Tienen derecho a educación, sanidad y servicios sociales, y a documentación de residencia cuando se acredite que no pueden volver con su familia.
• Personas condenadas por delitos sexuales contra menores: Quedan inscritas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y no pueden trabajar en actividades con contacto habitual con menores.
• Trabajadores por cuenta ajena y funcionarios: Pueden disfrutar de permiso retribuido para las sesiones de preparación de la adopción o el acogimiento.

Palabras que conviene saber

Desamparo

Situación en la que un menor queda privado de la asistencia necesaria porque quienes deben cuidarlo no pueden o no quieren hacerlo. En ese caso, la Administración asume su tutela.

Acogimiento familiar

Medida por la que un menor vive con una familia que no es la suya de origen, de forma temporal o permanente, sin que se convierta en hijo suyo por adopción.

Guarda con fines de adopción

Delegación de la guarda de un menor en una familia declarada idónea para adoptarlo, mientras se tramita la adopción ante el Juez.

Idoneidad

Valoración de que una persona tiene la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para adoptar o acoger a un menor.

Ministerio Fiscal

Órgano público que vela por el interés de los menores y supervisa la actuación de la Administración en su protección.

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