Más derechos a intérprete, traducción e información en los juicios penales

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1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial de la actuación tienen derecho a intérprete en todas las actuaciones, incluidos interrogatorios y vistas judiciales, y a conversar con su abogado con ayuda de intérprete. También tienen derecho a la traducción escrita de documentos esenciales, como la orden de prisión, el escrito de acusación y la sentencia, y los gastos corren a cargo de la Administración.
2. La traducción debe hacerse en un plazo razonable y los plazos procesales quedan en suspenso desde que se acuerda. Se permite interpretar por videoconferencia, salvo que el juez o fiscal acuerde la presencia física del intérprete para proteger los derechos del imputado.
3. Los traductores e intérpretes judiciales se designan de entre los incluidos en listados de la Administración, aunque en casos urgentes se puede habilitar a otra persona capacitada que conozca el idioma. Si la traducción o interpretación no ofrece garantías de exactitud, el juez, el tribunal o el fiscal pueden ordenar comprobaciones o designar a otro profesional.
4. Si el juez o tribunal deniega el derecho a interpretación o traducción, su decisión debe documentarse por escrito y cabe recurrirla. Durante el juicio oral, la defensa puede hacer constar su protesta en el acta.
5. Toda persona imputada debe recibir, sin demora injustificada, información clara de los hechos que se le imputan y de sus derechos: examinar las actuaciones, designar abogado, pedir asistencia jurídica gratuita, guardar silencio y no declarar contra sí misma ni confesarse culpable. La información se da en un lenguaje comprensible, adaptado a su edad, madurez, discapacidad u otras circunstancias personales.
6. Las personas detenidas o presas serán informadas por escrito, de forma inmediata y en una lengua que comprendan, de los hechos imputados, las razones de su privación de libertad y sus derechos, incluido el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención y el plazo máximo de la detención. Estas personas también tienen derecho a intérprete gratuito y a conservar la declaración escrita de derechos durante toda la detención.

A quién afecta

• Imputados o acusados que no hablan o no entienden el castellano o la lengua oficial del procedimiento: Tienen derecho gratuito a intérprete y a la traducción de documentos esenciales.
• Personas con discapacidad auditiva, sordas o sordociegas: Pueden contar con intérpretes de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral.
• Personas detenidas o presas: Deben recibir por escrito y de forma inmediata información de los hechos, las razones de su detención y sus derechos.
• Traductores e intérpretes judiciales: Se creará un Registro Oficial para inscribir a los profesionales habilitados que actúen ante los juzgados y la policía.
• Jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia: Deben recibir formación sobre la comunicación con ayuda de intérprete en los procesos penales.

Palabras que conviene saber

Imputado o acusado

Persona a la que se atribuye un delito dentro de un proceso penal.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

La ley que regula cómo funcionan los juicios penales en España.

Ley orgánica

Tipo de ley reservada para materias importantes, como los derechos fundamentales; necesita mayorías reforzadas para aprobarse.

Ministerio Fiscal

Institución pública que defiende la legalidad y los derechos de los ciudadanos en los juicios, conocida como la Fiscalía.

Prisión provisional

Medida por la que una persona imputada entra en prisión mientras se resuelve el proceso, antes de la sentencia.

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