Factura electrónica obligatoria y control de pagos en el sector público

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1. Los proveedores que facturen a una Administración Pública están obligados a presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio.
2. Las grandes empresas y otras entidades (sociedades anónimas, sociedades limitadas, uniones temporales de empresas, entre otras) están obligadas a usar factura electrónica y presentarla por el punto general de entrada correspondiente. Las Administraciones pueden excluir de esta obligación las facturas de hasta 5.000 euros y las de los servicios en el exterior.
3. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deben disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas, que da acuse de recibo con fecha y hora y permite al proveedor consultar el estado de tramitación. Las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas pueden adherirse al punto del Estado.
4. Cada Administración crea un registro contable de facturas y un nuevo procedimiento de tramitación: la factura se anota en el registro contable, recibe un código de identificación y se sigue su recorrido hasta el pago.
5. Los órganos de control interno pueden acceder en cualquier momento a la documentación contable y elaboran cada año un informe sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad. En las Entidades Locales, ese informe se eleva al Pleno.
6. La Ley modifica otras normas: impone la factura electrónica a determinadas empresas en sus relaciones con clientes que la acepten, le da eficacia ejecutiva a esa factura si las partes lo acuerdan, y cambia reglas de solvencia y clasificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

A quién afecta

• Proveedores de bienes y servicios a las Administraciones Públicas: Deben presentar sus facturas en un registro administrativo en treinta días y, si son grandes empresas u otras entidades obligadas, usar factura electrónica.
• Sociedades anónimas, sociedades limitadas y otras entidades similares: Están obligadas a facturar electrónicamente al sector público desde el 15 de enero de 2015.
• Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local): Deben crear puntos generales de entrada de facturas electrónicas y registros contables de facturas, y seguir el nuevo procedimiento de tramitación.
• Empresas de servicios de especial trascendencia económica: Deben emitir facturas electrónicas a clientes que las acepten o las soliciten, con multas de hasta 10.000 euros si no cumplen.
• Órganos de control interno: Pueden acceder en cualquier momento a la documentación contable y deben informar anualmente sobre la morosidad.

Palabras que conviene saber

Punto general de entrada de facturas electrónicas

Ventanilla electrónica única donde el proveedor presenta sus facturas electrónicas y desde donde se envían al órgano y a la oficina contable que correspondan.

Registro contable de facturas

Lista informática donde se anotan las facturas que recibe cada Administración para seguir su tramitación y pago.

Registro administrativo

Oficina oficial donde se presentan documentos y se da constancia de la fecha y hora de entrega.

Firma electrónica avanzada

Firma digital basada en un certificado reconocido que garantiza quién firma la factura y que no se ha alterado.

Eficacia ejecutiva

Capacidad de la factura para exigir su pago por la vía judicial sin necesidad de un juicio completo, si el deudor lo ha aceptado por escrito.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes