Endurece las penas por fraude fiscal y contra la Seguridad Social

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1. Partidos políticos y sindicatos dejan de estar excluidos del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que pueden ser castigados penalmente en los supuestos previstos por la ley.
2. Se reforma el delito contra la Hacienda Pública: regularizar la situación tributaria (reconocer y pagar toda la deuda a tiempo) hace desaparecer el reproche penal, y el proceso penal ya no paraliza por sí solo el cobro de la deuda por la Administración.
3. Se crea un tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública, con prisión de dos a seis años, para fraudes que superen los 600.000 euros, cometidos en el seno de una organización criminal o mediante sociedades interpuestas o paraísos fiscales. La pena máxima de seis años eleva el plazo de prescripción a diez años.
4. En los delitos contra la Seguridad Social, la cuantía a partir de la cual hay delito baja a 50.000 euros y se añade un tipo agravado con prisión de dos a seis años. Además, se crea un delito específico para defraudar prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, castigado con prisión de seis meses a tres años, o de dos a seis años en los casos graves.
5. Se reforma el delito contra los derechos de los trabajadores para castigar a quienes emplean de forma masiva a trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social o sin autorización de trabajo, con penas de prisión de seis meses a seis años.
6. Se crea un nuevo delito para autoridades y funcionarios que falseen la contabilidad o información económica de su entidad pública, con multa e inhabilitación, y prisión de uno a cuatro años si se causa perjuicio económico. También se excluyen del delito de falsedad de certificados los relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

A quién afecta

• Obligados tributarios y empresas: Pueden evitar la persecución penal si regularizan completamente su deuda antes de que la Administración o los tribunales actúen; los fraudes graves superiores a 600.000 euros tienen penas mayores.
• Empresarios y deudores de la Seguridad Social: El delito contra la Seguridad Social se aplica desde 50.000 euros y hay penas agravadas para tramas organizadas y empresas ficticias.
• Partidos políticos y sindicatos: Pueden responder penalmente como personas jurídicas por las actuaciones ilícitas de sus representantes o administradores.
• Trabajadores y empresas cumplidoras: Se castiga penalmente a quienes compiten de forma desleal empleando trabajadores sin alta en la Seguridad Social o sin permiso de trabajo.
• Autoridades y funcionarios públicos: Nuevas penas por falsear la información económica de las entidades públicas o facilitar información mendaz a terceros.

Palabras que conviene saber

Prescripción

Plazo máximo para perseguir un delito. Si pasa el tiempo, ya no se puede castigar.

Regularización tributaria

Reconocer y pagar toda la deuda con Hacienda antes de que se inicie una inspección o una denuncia.

Tipo agravado

Versión del delito con una pena más dura porque concurren circunstancias que lo hacen más grave.

Paraíso fiscal

Territorio donde apenas se pagan impuestos, usado para ocultar dinero o responsables.

Persona jurídica

Organización, como una empresa o una asociación, que puede ser castigada penalmente como si fuera una persona.

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