Reforma de la ley del arbitraje y resolución de conflictos en la Administración

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1. Cambia qué juzgados y tribunales se encargan de las funciones judiciales sobre el arbitraje. El nombramiento y remoción de árbitros, la anulación del laudo y el reconocimiento de laudos extranjeros pasan a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. La ejecución queda en los Juzgados de Primera Instancia.
2. Se aclara el arbitraje en las sociedades de capital. Los conflictos entre socios pueden someterse a arbitraje, pero meter una cláusula de arbitraje en los estatutos exige el voto de al menos dos tercios del capital, y la impugnación de acuerdos sociales requiere que una institución arbitral administre el arbitraje y designe a los árbitros.
3. Mejoras en el procedimiento: las partes, testigos, peritos y terceros pueden usar su lengua propia; el laudo debe dictarse en seis meses prorrogables dos más, y si se dicta fuera de plazo sigue siendo válido sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros; todo laudo debe estar siempre motivado; y se crea un remedio para rectificar cuando el laudo resuelve sobre cuestiones no sometidas a arbitraje.
4. El laudo produce efectos de cosa juzgada desde el principio: puede ejecutarse forzosamente aunque se pida su anulación o revisión. Además, la acción de anulación se tramita por los cauces del juicio verbal con reglas propias.
5. Crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas, que resuelve los conflictos jurídicos relevantes entre la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Sus resoluciones son vinculantes y no cabe recurrirlas ante los tribunales. Se entiende por controversia relevante, entre otros casos, la de al menos 300.000 euros.
6. Cambios en otras leyes: quien acredite ser parte de un convenio arbitral puede pedir medidas cautelares antes de iniciar el arbitraje; y en un concurso de acreedores la declaración del concurso no afecta por sí sola a los convenios arbitrales, aunque el juez puede suspender sus efectos si perjudican la tramitación del concurso.

A quién afecta

• Empresas y personas que usan el arbitraje para resolver conflictos: Tienen nuevos jueces competentes, plazos y reglas más claras, y el laudo es ejecutable aunque se impugne.
• Socios y administradores de sociedades de capital: Pueden someter conflictos a arbitraje, pero introducir la cláusula en los estatutos exige una mayoría reforzada de dos tercios.
• Árbitros e instituciones arbitrales: Deben contratar un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, con excepciones para entidades públicas.
• La Administración General del Estado y sus organismos públicos: Sus conflictos internos relevantes los resuelve la Comisión Delegada del Gobierno, sin acudir a la vía administrativa ni judicial.
• Empresas en concurso de acreedores: Los convenios arbitrales siguen vigentes, aunque el juez puede suspenderlos si perjudican el concurso.

Palabras que conviene saber

Arbitraje

Método para resolver un conflicto fuera de los tribunales: una o varias personas (los árbitros) deciden y su decisión, el laudo, obliga a las partes.

Laudo

La decisión final que dictan los árbitros en un arbitraje, similar a una sentencia.

Cosa juzgada

Efecto por el que una resolución ya no puede discutirse de nuevo y debe cumplirse.

Exequátur

Reconocimiento judicial que permite que un laudo o sentencia extranjera produzca efectos en España.

Concurso de acreedores

Procedimiento para una empresa o persona que no puede pagar sus deudas, en el que un juez organiza el pago a los acreedores.

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