Derechos en salud sexual y reglas de la interrupción del embarazo

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1. La ley garantiza los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Nadie puede ser discriminado en el acceso a sus prestaciones y servicios.
2. Los poderes públicos deben garantizar la información y educación afectivo sexual, el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Los anticonceptivos de última generación se incluyen en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
3. El sistema educativo debe incluir formación en salud sexual y reproductiva, con prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. El Gobierno aprobará una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de cinco años con evaluaciones cada dos años.
4. Se puede interrumpir el embarazo en las primeras catorce semanas a petición de la mujer, si ha recibido información sobre ayudas y prestaciones y han pasado al menos tres días desde esa información. Las menores de 16 y 17 años deciden por sí mismas, aunque al menos un representante legal debe ser informado, salvo riesgo de conflicto grave.
5. Por causas médicas se permite interrumpir el embarazo hasta las veintidós semanas si hay grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto. Más allá de ese plazo, solo en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.
6. La prestación se incluye en la cartera del Sistema Nacional de Salud y se garantiza a todas las mujeres con independencia de su lugar de residencia. Los profesionales sanitarios directamente implicados pueden ejercer la objeción de conciencia por escrito, y los datos de las pacientes se codifican y se cancelan a los cinco años.

A quién afecta

• Mujeres embarazadas: Pueden interrumpir el embarazo en los plazos y supuestos previstos, con información previa y garantías de acceso, intimidad y confidencialidad.
• Menores de 16 y 17 años: Deciden por sí mismas sobre la interrupción, aunque se informa a un representante legal salvo conflicto grave.
• Profesionales sanitarios: Pueden objetar por escrito si están directamente implicados, pero deben atender antes y después de la intervención.
• Personas con discapacidad: Se garantiza su derecho a la salud sexual y reproductiva con apoyos e información accesible.
• Poderes públicos y sistema educativo: Deben ofrecer educación afectivo sexual, servicios de salud sexual y reproductiva y una estrategia nacional.

Palabras que conviene saber

Interrupción voluntaria del embarazo

El aborto practicado dentro de los supuestos y plazos que permite la ley.

Objeción de conciencia

Derecho de un profesional a negarse a hacer algo por razones personales de conciencia.

Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud

La lista de prestaciones sanitarias que el sistema público de salud ofrece en toda España.

Comité clínico

Equipo de médicos que confirma un diagnóstico antes de que la mujer decida sobre la intervención.

Alta Inspección

Función del Estado que comprueba que las comunidades autónomas cumplen la ley.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes