Reforma de la ley que regula cómo actúa la Administración con los ciudadanos

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1. Se añaden dos principios nuevos a la actuación de las Administraciones públicas: la buena fe y la confianza legítima, es decir, que la Administración no puede cambiar de forma arbitraria lo que el ciudadano razonablemente esperaba. También se recoge el principio de lealtad institucional entre Administraciones.
2. El silencio administrativo pasa a ser positivo como regla general: si la Administración no contesta en plazo, se entiende que la solicitud queda aprobada. Solo hay excepciones fijadas por ley, como las impugnaciones de actos o los asuntos sobre dominio público. Se suprime la certificación de acto presunto.
3. Se fija un plazo general para resolver los procedimientos: tres meses si la norma no dice nada, y nunca más de seis meses salvo que una ley fije otro mayor. La Administración debe informar al ciudadano del plazo máximo y de los efectos del silencio, y el personal responsable responde disciplinariamente si no cumple.
4. Cambia el sistema de recursos: el recurso de reposición pasa a ser potestativo, se recupera el recurso de alzada con su configuración tradicional y se elimina la comunicación previa antes de ir al tribunal. También se limita la revisión de actos anulables por la Administración, que deberá acudir a los tribunales.
5. En responsabilidad patrimonial, se actualiza la indemnización y se unifica el régimen cuando la Administración actúa en derecho privado. Los daños por asistencia sanitaria pública corresponden al orden contencioso-administrativo.
6. El Gobierno tiene un año para simplificar los procedimientos y dos para adaptarlos al nuevo silencio administrativo, con una Comisión Interministerial para ello. Los procedimientos ya en marcha se rigen por la norma anterior, salvo en el sistema de recursos. La ley entra en vigor tres meses después de publicarse en el BOE.

A quién afecta

• Ciudadanos que presentan solicitudes o recursos ante la Administración: Ganan plazos máximos de resolución, silencio positivo como regla general y un sistema de recursos más sencillo.
• Administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales): Deben cumplir nuevos principios, cooperar entre sí, resolver en plazo y adaptar sus procedimientos.
• Empleados públicos y autoridades: Responden disciplinariamente si no resuelven en plazo; la Administración les exige de oficio la responsabilidad por daños.
• Pacientes del sistema sanitario público: Las reclamaciones por daños en la asistencia sanitaria van al orden contencioso-administrativo.

Palabras que conviene saber

Silencio administrativo

Lo que se entiende que decide la Administración cuando deja pasar el plazo sin contestar. Puede ser positivo (se aprueba la solicitud) o negativo (se rechaza).

Recurso de alzada

Petición que se hace ante el órgano superior al que dictó un acto para que lo revise.

Recurso potestativo de reposición

Petición opcional ante el mismo órgano que dictó el acto para que lo revise antes de ir al tribunal.

Responsabilidad patrimonial

Obligación de la Administración de indemnizar los daños que causa.

Acto anulable

Acto de la Administración con defectos que permite anularlo, pero solo acudiendo a los tribunales.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes