Propuesta para endurecer el delito de rebelión y crear la deslealtad constitucional

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1. La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, quiere reformar el Código Penal para dar una nueva redacción al delito de rebelión, que ahora exige un alzamiento público y violento. Argumenta que esa definición es demasiado estrecha y no cubre casos graves como el intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017.
2. El proyecto propone endurecer las reglas para que los condenados por rebelión o deslealtad constitucional accedan al tercer grado penitenciarioTercer grado penitenciario Un régimen de cumplimiento de la condena más flexible, en el que el preso puede salir del centro a trabajar o vivir con menos control. y a la libertad condicionalLibertad condicional La salida de prisión antes de cumplir toda la condena, si se cumplen ciertas condiciones.. Por ejemplo, el acceso al tercer grado quedaría condicionado a que quede por cumplir una sexta parte de la condena, y se fijan mínimos de prisión de veinte o veinticinco años según el caso.
3. Se crea un nuevo delito de deslealtad constitucional, el artículo 472 bis. Lo cometerían los miembros de Asambleas Legislativas y Gobiernos autonómicos que propongan, sometan a votación o voten a favor de normas o actos que promuevan o declaren la separación de una parte del territorio, al margen y en contra de la Constitución. La pena propuesta es prisión de diez a quince años, multa e inhabilitación absolutaInhabilitación absoluta Prohibición de ejercer empleo o cargo público durante el tiempo que fije la condena..
4. Se amplía la definición de rebelión: además de la violencia o amenaza de violencia, bastaría con la usurpación o abuso de funciones de soberanía. Entre los fines que la configuran se mantiene declarar la independencia de una parte del territorio nacional, y se suben las penas, que llegarían a prisión de veinticinco a treinta años en los casos más graves.
5. Se recupera el delito de convocar o autorizar un referéndumReferéndum Consulta popular en la que la ciudadanía vota directamente sobre una cuestión. sin tener competencias para ello. La autoridad o funcionario que participe en esa usurpación podría facing prisión de cuatro a seis años, y quien facilite o promueva la consulta, de dos a cuatro años; los interventores, de uno a dos años o multa.
6. La propuesta refunde los artículos 407 y 408 del Código Penal en uno solo, endureciendo el castigo a la autoridad o funcionario que abandone su cargo para no impedir o perseguir estos delitos. Se deroga el artículo 408 y la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A quién afecta

• Miembros de Asambleas Legislativas y Gobiernos de las Comunidades Autónomas: Podrían enfrentarse a prisión de diez a quince años si promueven o votan actos secesionistas.
• Personas condenadas por rebelión o deslealtad constitucional: Tendrían más restricciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional, con mínimos de veinte o veinticinco años de prisión.
• Autoridades y funcionarios públicos: Podrían ser castigados por convocar, autorizar, facilitar o intervenir en referéndums ilegales.
• Autoridades y funcionarios que no se opongan a la rebelión: Se les endurecería el castigo si abandonan su destino para no impedir o no perseguir estos delitos.

Palabras que conviene saber

Tercer grado penitenciario

Un régimen de cumplimiento de la condena más flexible, en el que el preso puede salir del centro a trabajar o vivir con menos control.

Libertad condicional

La salida de prisión antes de cumplir toda la condena, si se cumplen ciertas condiciones.

Inhabilitación absoluta

Prohibición de ejercer empleo o cargo público durante el tiempo que fije la condena.

Prevaricación

Que una autoridad o funcionario dicte una resolución injusta a sabiendas en el ejercicio de su cargo.

Referéndum

Consulta popular en la que la ciudadanía vota directamente sobre una cuestión.

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