Medidas temporales para adaptarse al Brexit tras el fin del periodo transitorio

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1. El proyecto propone medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español para afrontar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea una vez acabado el periodo transitorio del Acuerdo de Retirada. Desde el 1 de enero de 2021, los ciudadanos británicos quedan sujetos a la normativa de países terceros, salvo lo previsto en el propio proyecto y en el Acuerdo de Retirada.
2. Las medidas con plazo de vigencia dejan de aplicarse al terminar ese plazo, salvo prórroga del Gobierno. Además, transcurridos dos meses, se suspenden las medidas que así lo prevean si las autoridades británicas no dan un trato recíproco a las personas y empresas españolas.
3. En materia profesional y laboral, los británicos que ejercieran una profesión regulada en España podrán seguir haciéndolo sin trámites adicionales, se mantienen los reconocimientos de cualificaciones presentados en cinco años, se conserva su situación como empleados públicos y los trabajadores desplazados a España antes del 31 de diciembre de 2020 pueden terminar su desplazamiento sin autorización previa de residencia y trabajo.
4. En Seguridad Social y desempleo, se mantienen las reglas para decidir qué legislación se aplica y los periodos cotizados en el Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020 cuentan para las prestaciones por desempleo. Los trabajadores fronterizos que van cada día a Gibraltar podrán cobrar el paro hasta el 31 de diciembre de 2022.
5. En sanidad, educación y economía, España seguirá prestando asistencia sanitaria en los términos anteriores hasta el 30 de junio de 2021, los alumnos de sistemas educativos británicos podrán acceder a la Universidad española en el curso 2021-2022 como los de la Unión Europea, los contratos financieros con entidades británicas mantienen su vigencia, y el permiso de conducir británico servirá para conducir en España durante seis meses.
6. El proyecto incluye medidas complementarias: plazas adicionales en ICEX y Autoridades Portuarias, supresión de la apostilla en homologaciones presentadas antes del 1 de julio de 2021, prórroga del salario mínimo interprofesional de 2020 hasta que se apruebe el de 2021, y cambios en normativa aérea y portuaria. Entraría en vigor el 1 de enero de 2021, con excepciones si un acuerdo de relación futura regula ya esas materias.

A quién afecta

• Nacionales del Reino Unido que viven o trabajan en España: Podrían seguir ejerciendo su profesión, trabajando como empleados públicos, cotizando y cobrando prestaciones en condiciones parecidas a las de antes del Brexit, muchas veces a cambio de reciprocidad para los españoles.
• Trabajadores desplazados por empresas españolas o británicas: Los desplazados a España antes del 31 de diciembre de 2020 podrían terminar su desplazamiento sin autorización previa; los que lleguen después necesitarían visado o autorización de residencia y trabajo.
• Trabajadores fronterizos que van a diario a Gibraltar: Podrían acceder a las prestaciones por desempleo hasta el 31 de diciembre de 2022, sin exigencia de reciprocidad.
• Clientes de entidades financieras británicas y empresas con contratos con el Reino Unido: Sus contratos de servicios financieros y de contratación pública iniciados antes del 1 de enero de 2021 mantendrían su vigencia.
• Titulares de permisos de conducir y autorizaciones británicas: El permiso de conducir británico valdría seis meses en España y las autorizaciones de armas, residuos o comercio de material de defensa seguirían válidas hasta su caducidad.

Palabras que conviene saber

Estado tercero

País que no pertenece a la Unión Europea, por lo que no se beneficia de sus normas ni de sus libertades.

Periodo transitorio

Tiempo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se siguió aplicando el Derecho de la Unión para dar margen de preparación.

Reciprocidad

Condición por la que las medidas solo se mantienen si el Reino Unido da a los españoles el mismo trato que España da a los británicos.

Real decreto-ley

Norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar con carácter urgente en casos de extraordinaria necesidad; debe ser convalidada por el Congreso.

Apostilla del Convenio de La Haya

Sello que certifica que un documento extranjero es auténtico; el proyecto propone no exigirla en ciertas homologaciones de títulos.

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