Protege a inquilinos vulnerables y compensa a propietarios durante la pandemia

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1. El proyecto propone suspender los desahucios y lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad económica que no tengan alternativa de vivienda, mientras dure el estado de alarma. El arrendatario podrá pedir esa suspensión al juzgado y los servicios sociales deberán informar en un plazo máximo de diez días.
2. También se propone que el juez pueda suspender el lanzamiento de viviendas ocupadas sin título, si pertenecen a personas jurídicas o a dueños de más de diez viviendas y los ocupantes están en vulnerabilidad. Se excluyen casos de delito, viviendas sociales ya asignadas o entradas posteriores a la entrada en vigor.
3. Se propone reequilibrar económicamente los contratos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, para compensar la caída de demanda por el COVID-19 entre el 22 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Incluye un anticipo de la compensación antes del 31 de mayo de 2021 y exige mantener el servicio hasta el 31 de diciembre de 2021.
4. Se propone que las líneas telefónicas de atención al cliente no cuesten más que una llamada normal a un fijo o móvil estándar. En servicios básicos de interés general (agua, gas, electricidad, banca, seguros, transporte, salud y otros) el teléfono de atención deberá ser gratuito, y no quitar esos efectos de cláusulas abusivas será infracción sancionable.
5. Se propone que los arrendadores y propietarios afectados por una suspensión puedan pedir una compensación si la Administración no aplica las medidas de protección en los tres meses siguientes al informe de servicios sociales. El Gobierno deberá aprobar un real decreto para que las comunidades autónomas usen recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para pagarlas.
6. Se propone prohibir cortar el suministro de luz, gas y agua a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión mientras dure el estado de alarma. También se amplían las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para dar soluciones habitacionales a quienes estén en riesgo de desahucio.

A quién afecta

• Inquilinos y ocupantes en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa de vivienda: Podrían ver suspendido su desahucio o lanzamiento hasta el final del estado de alarma.
• Arrendadores y propietarios de las viviendas afectadas: Podrían pedir una compensación si la Administración tarda más de tres meses en aplicar las medidas de protección.
• Empresas de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal: Podrían pedir el reequilibrio económico de sus contratos y un anticipo de la compensación por la caída de demanda.
• Consumidores y usuarios: Las llamadas a atención al cliente costarían como máximo lo que una llamada normal, y sería gratuita en servicios básicos.
• Consumidores vulnerables de luz, gas y agua: No se les podría cortar el suministro mientras dure el estado de alarma.

Palabras que conviene saber

Lanzamiento

Acto por el que se expulsa materialmente a una persona de una vivienda tras un desahucio.

Arrendatario y arrendador

Arrendatario es quien alquila la vivienda; arrendador es quien la alquila y cobra por ella.

Reequilibrio económico

Ajuste económico del contrato para compensar a la empresa por los gastos e ingresos perdidos por una situación excepcional.

Consumidor vulnerable

Persona o unidad familiar con ingresos bajos que puede tener garantizado el suministro de luz o gas a precio reducido (bono social).

Real decreto-ley

Norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar con carácter urgente, sin pasar antes por el trámite parlamentario ordinario.

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