Ayudas por el COVID: alquileres, avales, impuestos y empleo

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1. El proyecto propone que autónomos y pymes con problemas de pago por el COVID puedan pedir una moratoriaMoratoria Aplazamiento o retraso autorizado en el pago de una deuda. o aplazamiento del alquiler de sus locales. Si el casero es un gran tenedorGran tenedor Persona o entidad dueña de más de 10 inmuebles urbanos (sin contar garajes y trasteros) o de más de 1.500 m2 construidos. (más de 10 inmuebles o más de 1.500 m2), la moratoria es automática y el pago se fracciona en dos años, sin intereses ni penalización.
2. Se propone una línea de avales de hasta 1.200 millones de euros para que familias en dificultad por la pandemia puedan financiar el alquiler de su vivienda habitual, con préstamos avalados al 100 % por el Estado y sin coste para el beneficiario.
3. El proyecto propone aplicar el tipo del 0 % de IVA hasta el 31 de julio de 2020 a la compra de material sanitario (mascarillas, respiradores, tests, etc.) destinado a entidades públicas, hospitales y entidades sin ánimo de lucro.
4. Se propone reducir al 4 % el IVA de los libros, periódicos y revistas digitales, eliminando la diferencia de tipos entre el libro en papel y el electrónico.
5. El proyecto propone considerar en situación legal de desempleo a quienes pierdan su trabajo durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo de 2020 y a quienes dejaron su empleo desde el 1 de marzo por una oferta de trabajo que luego no se materializó por el COVID.
6. Se propone permitir rescatar dinero de los planes de pensiones de forma excepcional a quienes estén en ERTEERTE Expediente de regulación temporal de empleo: la empresa suspende contratos o reduce la jornada de forma temporal., hayan cerrado su establecimiento o hayan cesado como autónomos por la crisis, con un límite basado en los ingresos dejados de percibir o en tres veces el IPREMIPREM Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: una referencia económica que se usa para calcular ayudas y límites de ingresos..
7. El proyecto propone prorrogar dos meses el derecho a priorizar el trabajo a distancia y la adaptación de horario y reducción de jornada por conciliación, y renombra el artículo 6 del Real Decreto-leydecreto-ley Una norma con fuerza de ley que aprueba el Gobierno por urgencia. Rige desde que sale en el BOE, pero el Congreso tiene que convalidarla en 30 días o decae. 8/2020 como 'Plan MECUIDA'.
8. Se propone sancionar a las empresas que presenten solicitudes con datos falsos para obtener ERTE o prestaciones, obligándolas a devolver las prestaciones cobradas indebidamente por sus trabajadores cuando no haya dolo o culpa de estos.

A quién afecta

• Autónomos y pymes con locales en alquiler: Podrían pedir moratoria o aplazamiento del alquiler si cumplen los requisitos, como una caída de facturación del 75 %.
• Familias arrendatarias en dificultad: Podrían acceder a préstamos avalados por el Estado para pagar el alquiler de su vivienda habitual.
• Trabajadores afectados por ERTE o que perdieron su empleo: Podrían cobrar prestación por desempleo en más supuestos y rescatar su plan de pensiones de forma excepcional.
• Empresas y autónomos con deudas tributarias o con la Seguridad Social: Dispondrían de aplazamientos y facilidades de pago, y de avales estatales para financiarse.
• Consumidores con contratos incumplidos por la pandemia: Podrían resolver el contrato en 14 días desde que resulte imposible cumplirlo.

Palabras que conviene saber

ERTE

Expediente de regulación temporal de empleo: la empresa suspende contratos o reduce la jornada de forma temporal.

Gran tenedor

Persona o entidad dueña de más de 10 inmuebles urbanos (sin contar garajes y trasteros) o de más de 1.500 m2 construidos.

IPREM

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: una referencia económica que se usa para calcular ayudas y límites de ingresos.

Moratoria

Aplazamiento o retraso autorizado en el pago de una deuda.

Derechos consolidados

El dinero que una persona tiene ya ahorrado a su nombre en un plan de pensiones.

decreto-ley

Una norma con fuerza de ley que aprueba el Gobierno por urgencia. Rige desde que sale en el BOE, pero el Congreso tiene que convalidarla en 30 días o decae.

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