Más seguridad pública en el DNI, la administración digital, los contratos y las telecomunicaciones

Resumen automático, sin revisar

1. El DNI queda configurado como el único documento que acredita por sí solo la identidad y los datos personales de su titular a todos los efectos. El DNI electrónico se define como el documento que acredita electrónicamente la identidad y permite firmar documentos.
2. Los sistemas de identificación y firma electrónica que usan clave concertada u otros sistemas con registro previo de usuario necesitarán autorización previa del Estado, que solo podrá denegarse por motivos de seguridad pública. Sus recursos técnicos deberán estar en la Unión Europea, y en España si se tratan categorías especiales de datos. Se prohíbe usar tecnologías de registro distribuido (tipo blockchain) para identificarse o firmar ante las Administraciones mientras no haya regulación específica.
3. Los sistemas que gestionan el censo electoral, los padrones municipales, datos fiscales y datos de usuarios del sistema nacional de salud deberán ubicarse en la Unión Europea. Además, la Administración General del Estado podrá suspender por seguridad nacional la transmisión de datos entre Administraciones cuando la Administración cesionaria quiera usarlos para una finalidad nueva.
4. La Ley de Contratos del Sector Público se modifica para reforzar la protección de datos en todas las fases de la contratación. Los pliegos deberán mencionar las obligaciones de protección de datos, indicar la finalidad de los datos cedidos y la ubicación de los servidores; omitirlo será causa de nulidad de pleno derecho, y el contratista principal responde también de sus subcontratistas en esta materia.
5. El Gobierno podrá, de forma excepcional y transitoria, asumir la gestión directa o intervenir redes y servicios de comunicaciones electrónicas cuando afecten al orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. También se refuerzan las sanciones y las medidas cautelares del Ministerio de Economía y Empresa, que podrá ordenar el cese de actividad sin audiencia previa ante amenazas graves e inmediatas. Las Administraciones deberán comunicar sus redes propias que usen el dominio público.
6. El Centro Criptológico Nacional coordina la respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática del sector público y actúa de enlace con los equipos internacionales.

A quién afecta

• Administraciones Públicas: Deberán usar autorización previa del Estado para sus sistemas de identificación y firma con clave concertada, y ubicar los recursos técnicos en la UE o España.
• Empresas que contratan con el sector público: Deberán cumplir obligaciones de protección de datos en los pliegos y contratos, y declarar dónde estarán los servidores.
• Operadores de telecomunicaciones: Pueden verse sometidas a intervención o cese de actividad si sus redes amenazan el orden público o la seguridad nacional.
• Ciudadanía: Para identificarse o firmar ante la Administración solo podrán usar sistemas admitidos, y el DNI queda como documento único de identidad.

Palabras que conviene saber

Real decreto-ley

Norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar de forma urgente, sin pasar antes por el Parlamento, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Clave concertada

Sistema de identificación con un nombre de usuario y una contraseña, en lugar de un certificado digital.

Tecnologías de registro distribuido

Tecnologías, como blockchain, donde la información se guarda de forma compartida en muchos puntos en lugar de en un único servidor central.

Pliegos

Documentos de un contrato público donde se recogen las condiciones que debe cumplir la empresa que quiera adjudicárselo.

CSIRT

Equipos que responden a incidentes de seguridad informática, es decir, que actúan cuando hay ciberataques o fallos de seguridad.

Resume la ley tal como se publicó en el BOE. Lo escribe una inteligencia artificial y puede tener errores: el texto oficial es el que vale. Leer el texto oficial · Cómo hacemos los resúmenes